Desde la llegada de López Obrador a Palacio Nacional ha habido en México un debate político muy apasionado a propósito de qué debe hacerse con figuras de alto rango, ex funcionarios de los gabinetes anteriores, incluso ex presidentes, señalados como presuntos delincuentes o colaboradores o facilitadores de corrupción política o variantes: asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero. No son los negritos en el arroz; abismos negros de corrupción encarnan muchos señalados. ¿Qué hacer con este lastre lacerante proveniente de pasado? ¿Cómo operar políticamente con estas situaciones?
El deseo del vox populi, por supuesto, es llevarlos a la cárcel lo más pronto posible, incluso sin muchas pruebas de por medio, pero esta interrogante pareciera dirimirse en última instancia, como propugnaba Engels, en términos judiciales y según los tiempos que consumen los mismos. Pueden tardar años. Lo cierto también es que si hay o no hay voluntad política desde los más altos niveles, digamos, ya sea para acelerarlos y concretarlos, ya sea para retrasarlos o inmovilizarlos, muchos politiqueros, ratas de cuello blanco, siguen escandalosamente libres e impunes. López Obrador se ha aventado hasta un chiste: las cárceles en México no serían suficientes para encerrar a todos.
Dado que el principal caballito de batalla de esta nueva administración es neutralizar o borrar de la faz de la tierra a las redes complejas de corrupción, los dilemas se han planteado si basta o no basta con perseguir al pasado y encarcelar a cuanto político prófugo o, en contraste, como lo ha expresado más de una vez y así lo desea López Obrador, se trataría más bien de la conveniencia de una suerte de “suspender” los juicios al pasado, pero sí atacar con extremo rigor los casos de corrupción de la actualidad, ir saneando decididamente al sistema político e ir hacia adelante.
De modo muy general esto es lo que se ha estado discutiendo antes de la captura de Emilio Lozoya. Ex director de Petróleos Mexicanos, ex colaborador por tanto del ex presidente Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin fue detenido en Málaga, España, el pasado 12 de febrero de este año 2020, dada una orden internacional de detención proveniente de México. Y el jueves 16 de julio, gracias a un proceso pactado de extradición, López Austin tocó suelo mexicano donde se espera próximamente, a la expectativa de moros y cristianos, que cante toda la sopa.
Para mi gusto hay dos acusaciones de gran calado que pesan sobre Lozoya. Deberá responder cómo operó él, porque se ha hablado que hubo sobornos de por medio, para que fuese aprobada la reforma energética del año 2012 —una reforma que permitió el avasallamiento o la disminución de Petróleos Mexicanos, empresa paraestatal otrora clave en las finanzas federales, y una reforma estructural que abrió los pozos mexicanos a empresas multinacionales para extraer el crudo—. Y, además, deberá aclarar Lozoya su vínculo con el caso Odebrecht. Un hoyo mayúsculo internacional de corrupción del que México no pudo salvarse; más precisamente, 3.1 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht que entraron directamente a la campaña electoral de Peña Nieto en el año 2012 por medio de Lozoya.
Con el esperado juicio próximo a Emilio Lozoya se habla ya de la pronta irrupción de un terremoto político en México; porque está en juego, nada más ni nada menos, la cabeza de Felipe Calderón, la de Enrique Peña Nieto o la de Luis Videgaray y, con ellas, el desmantelamiento del Partido Revolucionario Institucional: una de las maquinarias de corrupción política más efectivas, más aceitadas y más perniciosas del México contemporáneo.