Dentro de los recuentos un poco sin chiste y sin verdadera pasión intelectual del sistema político en México en los últimos 25/30 años, se suele dedicar toda una consideración especial al Instituto Nacional Electoral. Pieza clave, valor insigne, pilar de la joven democracia y otras cursilerías, han sido etiquetas comunes en esta clase de apreciaciones.
Como había sido no una costumbre, sino toda una longeva institución el relevo oscuro o pactado o mediante jaloneos o al dedazo tras bambalinas de los cargos políticos de peso a lo largo de nuestra tradición política, la gestión de un órgano autónomo que garantizara elecciones libres y sus resultados fue visto en general como un logro significativo, no sólo político o democrático, sino técnico-operacional.
Este logro ha costado dinero, por supuesto, y actualmente no convence a nadie que este órgano consuma anualmente una cifra de 7 mil millones de pesos y que los sueldos de los miembros de la élite del INE ronden alrededor de los 250 mil pesos mensuales.
El único logro cierto del INE, si es que se puede hablar así, se dio en el período 97/2000, particularmente en la memorable jornada electoral del quiebre de siglo, cuando el viejo PRI no sólo perdió las presidenciales sino, nuevamente, la mayoría en el congreso, y entró en la gran escena nacional, por desgracia, el PAN neoliberal-conservador y sus aliados. Sin embargo, antes de que el INE o el IFE en ese entonces, saliera a declarar la victoria del opositor Fox y coronarse frente a la sociedad mexicana como un árbitro neutral, organizador confiable de elecciones, Zedillo, el machuchón de la época, adelantándose, ya daba el veredicto, la luz verde al relevo, en televisión abierta.
Aún siguen abiertos, urgentes incluso, los diagnósticos certeros sobre lo que ocurrió en las presidenciales de 2006 y 2012, así como el papel que desempeñó el INE. Nos sabemos de memoria que el PAN, el PRI, la derecha, los personeros del neoliberalismo, los satélites del PAN y sus voceros, La hora de opinar, la revista Nexos, Letras Libres y todo el antiguo régimen, niegan sistemáticamente la existencia de fraudes electorales y triquiñuelas para imponerse en las contiendas previas. Salvo Roberto Madrazo, ex candidato presidencial del PRI, no hace mucho tiempo declaró, 15 años después… bueno, que él también sostiene la versión de un fraude en el 2006. Declaración curiosa ahora, porque el periodista Álvaro Delgado acaba de destapar que, ente otras empresas de dudosa moralidad fiscal, agentes del gobierno perredista de Michoacán y el clan Madrazo, artífice de todos los fraudes, hasta en las competencias deportivas, son los dueños o los socios principales de Latinus, la plataforma de crítica maniquea y golpista a la 4T.
En su momento, toda esta fauna del antiguo régimen de la que hablo se opuso corajudamente al recuento de votos o a la revisión puntual de lo que permitía o prohibía la ley electoral. Claramente lo concerniente a las aportaciones privadas en la elección del 2012 o en relación a la ultra parcialidad, que no sancionó con rigor el INE, con la que operó prensa escrita, radio y televisión. Una tradicional ecología de medios que fue siempre hostil al obradorismo y condescendiente y sumisa frente al calderonismo o al peñismo. Quizá recuerden que Sabina Berman, en el programa televisivo de entrevistas Shalalá, llegó a preguntarle a Peña Nieto la mega urgente crucial interrogante nacional si andaba o no andaba con la gaviota.
Dentro del amplio espectro de la izquierda, se acepta generalmente la versión de dos fraudes consecutivos y reina un escepticismo o descreimiento galopantes sobre el supuesto papel imparcial o eficiente de esta cosa extraña llamada el INE.
¿Y qué onda con el INE?, bueno, ha sido el menos interesado en despegar las incógnitas del pasado, aunque, en materia electoral, todo punto final al respecto lo ha dado el Tribunal Electoral, y continuará siendo la máxima instancia para bien y para mal.
Las actuales intervenciones del Instituto Nacional Electoral se suman a esta ambivalencia o parcialidad del órgano electoral. Las sanciones que inhabilitan a las candidaturas por MORENA de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, o la de Raúl Morón en Michoacán, entre otras más, así como los nuevos criterios para determinar los curules plurinominales en el Congreso federal, son medidas que sorprenden, pero no por el repentino rigor con respecto a lo que marca la ley electoral, sino por el evidente fuera de tiempo con el que pretende conducirse el INE.
Así las cosas, estas sanciones no pueden ser vistas sino como el intento de un órgano en teoría neutral, que busca impedir la previsible mayoría calificada que obtendrá la 4T en el Congreso, así como el llévese todo en las gubernaturas en las elecciones intermedias de este próximo junio.
No serán logros propiamente de MORENA, concluyo, sino de todas las batallas políticas y económicas, que no son pocas, en las que el obradorismo y sus aliados están actualmente metidos.